El perfilamiento racial es una práctica discriminatoria en la que individuos son identificados y tratados de manera diferenciada por parte de autoridades o instituciones, basándose en estereotipos asociados a su raza, etnia y/o nacionalidad. Esta práctica, que se observa en contextos como el control policial, la seguridad fronteriza y otros servicios públicos, refuerza prejuicios y perpetúa el racismo sistémico y estructural en muchas sociedades, reforzando estereotipos negativos sobre ciertas comunidades raciales y étnicas. Además de violar los derechos humanos, el perfilamiento racial erosiona la confianza entre las comunidades afectadas y las instituciones encargadas de garantizar su seguridad.
Paul Butler y Michelle Alexander, en sus respectivas obras Chokehold: Policing Black Men (2018) y A Nova Segregação: Racismo e Encarceramento em Massa, exploran cómo el sistema de justicia penal en Estados Unidos actúa como un mecanismo de control social y opresión racial, especialmente contra las personas afroamericanas. Butler (2018) destaca la criminalización sistemática de los hombres negros y describe cómo las políticas policiales funcionan como un “chokehold” o estrangulamiento que limita sus libertades y perpetúa el racismo institucionalizado. Por su parte, Alexander (2018) argumenta que la encarcelación masiva es una nueva forma de segregación racial que priva a millones de afroamericanos de derechos civiles fundamentales, desafiando la noción de una sociedad post-racial. Ambos autores llaman a un movimiento de justicia racial que busque desmantelar estas estructuras opresivas y promueva reformas profundas en el sistema de justicia.
García-Añon et al. (2013) realizan un estudio que refleja que en España, entre 2008 y 2015, se realizaron más de 61 millones de identificaciones policiales sin especificar los motivos, afectando de manera desproporcionada a los grupos raciales y étnicos subalternos, como las personas romaníes, magrebíes y afrolatinoamericanas. Similarmente, los hallazgos de Ziati et al. (2022) muestran que en Inglaterra y en Gales, las personas racializadas tienen el doble de probabilidades de ser registrados que las personas blancas, con las personas negras siendo cuatro veces más susceptibles.
Usualmente se observa que la utilización de la “raza” como criterio en las decisiones policiales demuestran una forma de abordar la criminalidad sin conducir una investigación imparcial y justa en torno a las casuísticas de los crímenes investigados. Esto se traduce en sanciones desproporcionadas, detenciones, registros y arrestos injustos de personas negras e indígenas. Los defensores del perfilamiento racial argumentan que es una herramienta eficaz para prevenir y detectar delitos pero, en realidad, esta práctica solo refleja prejuicios, estigmatizando a comunidades enteras, perpetuando estereotipos, legitimando el racismo y produciendo una sobrerrepresentación de personas racializadas en el sistema de justicia penal.
Algunos ejemplos que muestran las trágicas consecuencias de este fenómeno son los casos de Trayvon Martin, quien en 2012 fue asesinado por un vigilante vecinal que lo consideró sospechoso basándose en su apariencia, a pesar de que Trayvon no estuviese vinculado a ninguna actividad criminal (Botello, 2012); de Kalief Browder, quien a los 16 años fue arrestado por el presunto robo de una mochila, y permaneció casi tres años encarcelado hasta que finalmente se suicidó, sin que nunca se probase su culpabilidad (James, 2015); y de Emmet Till, un joven de 14 años que en 1955 fue linchado por un grupo de personas luego de que una mujer blanca lo acusara de haberla hostigado (Tyson, 2017).
Aunque los casos mencionados anteriormente ocurrieron en Estados Unidos, el panorama latinoamericano no es tan distinto, puesto que el racismo colonial persiste en la actualidad. En Chile, desde el Kilombo Negrocentricxs hemos levantado espacios de denuncia y apoyo solidario a los hombres afrodescendientes que han sido víctimas de violencia a propósito del perfilamiento racial. Durante el año 2022, acompañamos el caso de “F”, vendedor ambulante de nacionalidad haitiana, quien recibió dos disparos en la zona abdominal por parte de un funcionario de Carabineros de Chile. Todo esto sucedió en un periodo de tiempo en que Carabineros estuvo realizando fiscalizaciones y reprimiendo a vendedores ambulantes y comerciantes informales. Los vecinos de la zona donde sucede el caso, relataban que “F” es un hombre tranquilo y amistoso; sin embargo, Carabineros lo trató como un cuerpo peligroso desde el inicio de la interacción. Las acciones desmedidas de las fuerzas del orden implicó que “F” viviera muchos meses en una larga y dolorosa recuperación, siendo sometido a operaciones, y experimentando estrés post-traumático y empobrecimiento, dado que las secuelas de los disparos no le permitían trabajar.
También vale mencionar el caso de Louis Gentil, hombre negro de Haití quien, a sus 42 años fue asesinado por un oficial de Carabineros de Chile en el año 2021. La institución justifica que Gentil representaba un peligro para las personas de su vecindad, ya que relataban que él andaba con un machete en la mano amenazando a sus vecinos. Los carabineros dispararon a su cuerpo, y no realizaron ninguna conducta previa para desescalar la situación y detenerlo con vida. Finalmente, los resultados del informe policial mostraron que lo que tenía en su mano no era un machete, y el juzgado de La Ligua solo dictaminó medida cautelar de arraigo nacional para el carabinero formalizado por homicidio simple mientras se realizaba la debida investigación.
Estos casos mencionados anteriormente pueden dar prueba de las consecuencias del perfilamiento racial hacia los hombres negros en Chile, puesto que, estos agentes del orden, que trabajan armados, dicen haber actuado en “defensa propia” ante personas desarmadas, se propicia el imaginario de las personas, en específico, de los hombres negros, como seres violentos, agresivos, bestiales e incontenibles.
Una instancia más reciente ocurrió en junio de este año, cuando se acciona una alerta morada en el Barrio Yungay, en Santiago de Chile, luego de que una menor de edad fuera presuntamente secuestrada, abusada y arrojada desde un vehículo a plena luz del día luego de salir del colegio. El barrio donde ocurre el hecho actualmente tiene una cantidad significativa de personas migrantes y racializadas, y a propósito de lo mismo está siendo fuertemente estigmatizado por los medios masivos de comunicación, con la intención de criminalizar aún más la inmigración y con ello justificar las políticas racistas y expulsivas. A raíz de la alerta morada, se publicó un comunicado desde una organización feminista territorial, que enfatizaba que este hecho repudiable fue perpetrado por “cuatro hombres afrodescendientes”. Como era de esperar, los medios de comunicación tradicionales y la derecha usaron esta porción del comunicado para validar su racismo, y la criminalización de las personas negras.
Estos son casos donde no solo agentes policiacos, sino también personas de la sociedad civil desatan una violencia desmedida sobre personas negras sin la evidencia de que hayan perpetuado un crimen, demuestran la pertinencia de hablar respecto a cómo se percibe el cuerpo negro, en especial de los hombres negros, desde la criminalización y una hipersexualización casi animalesca. La hipersexualización de los cuerpos negros, tanto en hombres como en mujeres, es una problemática que tiene raíces históricas profundas. A partir del colonialismo y la esclavización que realizó Europa, se gesta el imaginario de los hombres negros como peligrosos y excesivamente sexuales, una narrativa que justificaba la violencia y el control ejercido sobre ellos (Fanon, 1973). A su vez, las mujeres, aunque con algunas particularidades asociadas a su “condición de hembra”, enfrentaron algo similar, siendo brutalmente abusadas por los esclavistas, y teniendo su capacidad reproductiva explotada en favor del progreso europeo. Este estereotipo aún perdura en la actualidad, influenciando cómo las personas negras son percibidas y tratadas en diversos ámbitos, incluyendo el sistema de justicia penal.
La hipersexualización se concatena con la deshumanización de las personas negras, y su subalternización como seres inherentemente agresivos y peligrosos, carentes de raciocinio y humanidad, y que requieren vigilancia y punición excesiva. En el contexto de las interacciones con la policía, estos estereotipos pueden llevar a que los oficiales reaccionen de manera desproporcionada, viendo en cualquier movimiento o gesto una amenaza potencial. Esta visión distorsionada no sólo perpetúa la violencia policial, sino que también afecta la experiencia social de personas negras en otras áreas, como el empleo, la interacción interpersonal, la educación, el uso del espacio público, etcétera. La estereotipación de las personas negras, en específico de los hombres, en torno a una sexualidad exacerbada, tiene repercusiones negativas que escalan desde el estigma social cotidiano, el perfilamiento racial, hasta casos más extremos como el de Emmett Till.
El racismo, en el contexto de instituciones como la cárcel o el psiquiátrico, tiene como consecuencia la persecución desproporcionada de los hombres negros, que se traduce en institucionalizaciones y estigmatización social de por vida. Sabemos que el sistema carcelario estadísticamente tiene dentro de sus “instalaciones” en su mayoría a personas indígenas, negras y migrantes racializadas y precarizadas (Davis, 2011). En este sentido, el sistema penal refleja y amplifica los sesgos raciales presentes en la sociedad. Diversos estudios han demostrado que los hombres negros e indígenas son arrestados, condenados y sentenciados a penas de prisión más severas que sus contrapartes blancas por delitos similares (Ramírez, 2015; Ziati et al., 2022). Este patrón de desigualdad se debe a una combinación de factores, incluyendo el perfilamiento racial, la discriminación explícita e implícita por parte de jueces y fiscales, y las políticas respecto a delitos de drogas y sentencias mínimas obligatorias que afectan desproporcionadamente a las comunidades racializadas.
Como se mencionó anteriormente, el uso de la categoría racial como posible herramienta de identificación de una persona que presuntamente llevó a cabo una acción criminal no es efectiva para realizar un arresto justificado, sino que solo promueve la criminalización de todos los cuerpos racializados, traduciéndose en una experiencia cotidiana marcada por la deslegitimación de la presencia de estos cuerpos en el espacio público (Ziati et al., 2022). Hacer del cuerpo negro un cuerpo de inherente sospecha puede culminar en actos brutales e injustificados de violencia bajo la égida de justicia social, y termina por erosionar aún más el lazo social ciudadano.
Por otro lado, una conversación aún más difícil es aquella en torno al punitivismo y la ensoñación de una sociedad que no requiera de cárceles, y que pueda implementar otras maneras de reformar a personas que transgreden y violentan a sus pares, en pro de fortalecer los procesos de reparación para las víctimas de dichos actos. En resonancia con lo anterior, se observa que la mayoría de personas encarceladas no son perpetradoras de abuso sexual, asesinato o crímenes de lesa humanidad, sino que mayormente reúne a personas que cometen crímenes sobre la propiedad privada o en contextos de consumo de sustancia y ciclo de adicciones.
Pensar la justicia racial, social y económica puede significar una forma de intervención más girada a la equidad, al fortalecimiento de redes de apoyo comunitario, al abordaje de la adicción a sustancias como problema de salud y no de criminalidad, entre otras posibilidades que finalmente abogan por un manejo desde la lógica del cuidado, más que desde el afán de castigo. Por supuesto, este es un debate con muchas aristas y que requiere compasión y creatividad, ya que la cárcel y el castigo no solo existen como instituciones, sino que también penetran profundamente las subjetividades y las lógicas interpersonales que existen hoy en día (Davis, 2011; Foucault, 1983).
En conclusión, el perfilamiento racial y los sesgos raciales en el sistema penal son problemas sistémicos que requieren soluciones integrales y multifacéticas. Para abordar estas injusticias, es necesario implementar reformas que promuevan la responsabilización de las prácticas policíacas y judiciales. Esto incluye la formación de estos agentes del origen desde la sensibilización ante el racismo y la competencia cultural, así como la revisión de las políticas de sentencia que perpetúan las disparidades raciales. También podría proponerse el establecimiento de mecanismos de supervisión para investigar casos de abuso, violencia desmedida y discriminación por parte de dichos agentes.
Además, es fundamental promover un cambio cultural que desafíe y desmantele los estereotipos raciales y la hipersexualización y la criminalización de los cuerpos negros. Esto requiere un esfuerzo concertado por parte de los medios de comunicación, las instituciones educativas, gubernamentales, laborales, etcétera, y las comunidades para fomentar una representación justa y respetuosa de todas las personas. La lucha contra la discriminación en el sistema penal es una cuestión de derechos humanos y justicia social.
El avance de la extrema derecha y de corrientes conservadoras de la “izquierda” pende fuertemente de la constitución de un chivo expiatorio mediante narrativas discriminatorias más o menos sutiles. El comunicado que se mencionó, a pesar de provenir de una organización feminista, termina por alinearse con el racismo y la xenofobia conservadora, otorgando legitimación de la discriminación racial desde una arista supuestamente progresista de la sociedad. Por supuesto, no se trata de legitimar la agresión sexual, sino de repensar las formas en que se comunican estos hechos, para no incentivar la criminalización de personas afrodescendientes. Por otra parte, desde el feminismo antirracista e interseccional, es un desafío necesario poder pensar la justicia en torno al abuso sexual que se centre en la reparación de las personas que sufren estas transgresiones, y en la reformación de quienes perpetran, más allá de la lógica netamente penal, que muchas veces otorga impunidad a violadores(as), pederastas y feminicidas, principalmente cuando son personas blancas y/o de nivel socioeconómico alto.
Referencias
Alexander, M. (2018). A Nova Segregação: Racismo e Encarceramento em Massa. Boitempo Editorial.
Botelho, G. (2012). “What happened the night Trayvon Martin died”. CNN Online, 23.
Butler, P. (2018). Chokehold: Policing black men. The New Press.
Fanon, F. (1973). Piel negra, máscaras blancas. Ediciones Abraxas.
Foucault, M. (1983). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Siglo XXI.
García-Añón, J., Bradford, B., García, S. J. A., Gascón, A., & Llorente, A. (2013). “Introducción: ¿En qué consiste la identificación por perfil étnico?”. Identificación policial por perfil étnico en España, 30-39. Tirant lo Blanch.
Jones, D. M. (2015). “A Bronx tale: Disposable people, the legacy of slavery, and the social death of Kalief Browder”. U. Miami Race & Soc. Just. L. Rev., 6, 31.
Ramírez, J. A. B. (2015). “Género, cuerpo, racismo y complejo industrial de prisiones: experiencias de personas negras en una cárcel de Bogotá”. La manzana de la discordia, 10(2), 7-25.
Tyson, T. B. (2017). The blood of Emmett Till. Simon and Schuster.
Ziati, H. Z., Dedeu, A. T., Ziati, N. Z., & Soria Verde, M. Á. (2022). “Identificaciones policiales por perfil racial. Estudio criminológico sobre las experiencias de identificación en España en 2020-2021”. Revista Logos Ciencia & Tecnología, 14(1), 41-56.
Foto tomada de Envato.
