Foto: Dickelbers

¿Quién nos protege de la policía? Es una pregunta que a muchos les resultará polémica, ya que nuestros gobiernos y medios de comunicación siempre nos han inculcado que la policía es una institución creada para protegernos, prevenir y garantizar el orden.

Sin embargo, esta narrativa borra el pasado colonial de países con un legado esclavista (como es el caso de Cuba), donde la policía ha actuado y sigue actuando como agente de represión y violencia, sobre todo contra las personas afrodescendientes. La policía, las prisiones y todas las instituciones que componen el sistema carcelario, siguen una lógica y prácticas coloniales y supremacista blanca que se basan en la vigilancia y el control de los cuerpos negros e indígenas.

Feministas abolicionistas negras en los Estados Unidos de América y en Canadá, han documentado los orígenes de la policía, y cómo esta institución garantiza la reproducción del sistema patriarcal y de supremacía blanca a través de la vigilancia, el control y la violencia sexual. Autoras y activistas como Mariame Kaba (2021; 2022), Andrea Ritchie (2017), Robyn Maynard (2017), establecen conexiones entre la violencia de Estado y la violencia sexual y de género y sostienen que nunca hallaremos respuestas a la violencia de género en la policía, en las prisiones o en el sistema carcelario. Ellas destacan cómo la violencia policial hacia las mujeres y personas no binarias negras y racializadas ocurre de forma desproporcionada y con alarmante frecuencia en el contexto de respuestas y estrategias estatales a la violencia doméstica y sexual.

Abolicionismo penal: una conciencia nacida de la experiencia de sobrevivientes y personas criminalizadas

Mi trayectoria como sobreviviente, organizadora comunitaria y activista, me han convencido de que la policía no puede protegernos ya que participa en la reproducción de la violencia de género y en la mantención de un sistema colonial y supremacista blanco. He trabajado con centros contra la violencia sexual en Quebec, Canadá, y he sido consultora para la red canadiense de refugios para mujeres víctimas de violencia doméstica . Creo que la mayoría de las personas que trabajan en el sector (organizaciones contra la violencia de género) y que trabajan con personas sobrevivientes saben que la policía no previene la violencia de género. 

Mi experiencia militando al interior del movimiento y el trabajo con estas organizaciones me hana llevado a colaborar con grupos minoritarios que se enfrentan a una vulnerabilidad más elevada y sistémica a la violencia sexual. Para la mayoría de las sobrevivientes de estas comunidades, denunciar a la policía no es una opción. Existen razones que explican este contexto: temor y riesgo de criminalización y violencia estatal hacia su comunidad, directamente ligados a un legado de racismo sistémico, de colonialismo, al validismo, a la homofobia y a la transfobia.

No obstante, estas experiencias me llevaron a explorar alternativas y respuestas colectivas a la violencia de género fuera del sistema penal. Para algunas personas, este razonamiento sonará poco realista, pero el movimiento para abolir la policía y las prisiones surgió de la militancia de personas que han sobrevivido a múltiples formas de violencia. Este movimiento nació de una conciencia de que la policía y las prisiones no pueden prevenir ni eliminar este tipo de violencia. Al contrario, los sistemas carcelarios reproducen y perpetúan la violencia de género.

La policía reproduce la violencia de género

No podemos escapar del legado colonial que hay detrás de las instituciones que son la policía y las prisiones. Según Sarah Hunt ( 2015), académica indígena, en Canadá las raíces de la violencia sexual son tan profundas como el propio colonialismo. Hunt comenta cómo el colonialismo ha sido facilitado por ideologías racistas y sexistas en las que deshumaniza a los pueblos indígenas de manera que se normaliza o, incluso, se fomenta la violencia contra las niñas y mujeres indígenas. Por consecuencia, la violencia sexual es un sello distintivo del régimen colonial y es una fuerza central en la creación de jerarquías raciales y de género a través de categorías jurídicas coloniales. Esto sugiere que en el contexto de colonialismo actual, las mujeres indígenas se enfrentan a formas de violencia estructurales, tanto públicas como privadas, es decir, perpetradas tanto por individuos como por instituciones estatales, como la policía.

La violencia sexual siempre ha sido un arma, una herramienta de la colonización utilizada contra los pueblos negros e indígenas. La policía perpetúa la violencia sexual no soólo contra los pueblos indígenas, sino también contra las personas negras, las personas en situación de calle, las personas con discapacidades, las personas queer y trans y las que ejercern el trabajo sexual, las personas migrantes, entre otras.

Exceso de policías acusados de violencia conyugal

Por otra parte, varios estudios realizados en Estados Unidos de América han revelado que las parejas íntimas de agentes de la policía sufren violencia conyugal en porcentajes significativamente superiores a los de la población general. Según algunos estudios reportados en The Atlantic (Friedersdorf, 2014), al menos el 40% de las familias de policías sufren violencia conyugal y familiar, frente al 10% de las familias de la población general. Otro estudio reportado por la BBC (2014) sobre policías de más edad y experiencia reveló una tasa del 24%, lo que podría indicar que la violencia conyugal es entre 2 y 4 veces más frecuente en las familias de policías que en las familias estadounidenses en general. 

En Puerto Rico, colonia de los EE.UU., se reportan cifras alarmantes. De acuerdo con el análisis más reciente de la organización Kilómetro 0 (una organización que monitorea las violaciones de derechos civiles perpetradas por la policía) , los miembros de la policía superan cuatro veces la cifra de feminicidios cuando se compara la cantidad de personas feminicidas en los últimos seis años dentro y fuera de esa agencia.

Lamentablemente, ni en Canadá, desde donde escribo, ni en América Latina, se han realizado investigaciones o estudios para determinar los índices de victimización. La policía goza de impunidad; no obstante, se espera que las fuerzas policiales atiendan y protejan a las víctimas de la violencia de género.

Criminalización de las víctimas

Además, muchas personas sobrevivientes son vulnerables a la criminalización. Las mujeres negras e indígenas, las personas LGBT+ (sobretodo las personas trans), las personas migrantes y/o sin estatus migratorio, las personas en situación de calle y trabajadoras del sexo son vulnerables a la violencia estatal. Esta violencia puede ir desde el encarcelamiento, hasta la pérdida de la custodia de les hijes, de la vivienda, del empleo o de los servicios. Una creciente dependencia de la criminalización como respuesta a la violencia de género significa que estos grupos, aún más criminalizados, siguen sin tener acceso a recursos que son vitales para su seguridad y para poder escapar de la violencia.

La criminalización también disuade a las personas que han cometido actos de violencia de género de responsabilizarse ante la persona que ha sufrido la violencia. La mayoría de las personas sobrevivientes quieren que la persona que les agredió reconozca la violencia, asuma su responsabilidad y repare el daño. Ante la falta de alternativa al sistema punitivo, las personas sobrevivientes son relegadas al silencio, sin validación, reparación, ni sanación. 

Luchemos contra la violencia de género

Hubo un tiempo en que el movimiento contra la violencia de género criticaba a las instituciones del Estado, la policía, los hospitales y los tribunales por reproducir la violencia. Hubo un tiempo en que el movimiento actuaba fuera del marco institucional, resistiendo y contrarrestando al Estado y operando sobre la base de la ayuda mutua con la intención de producir una transformación social. Hoy todavía resuenan con fuerza las palabras de la presa política Susan Saxe: “Mi feminismo no me empuja a los brazos del Estado, sino que me aleja de él” (en Kaba y Murakawa, 2021).

Aunque las organizaciones que luchan contra la violencia de género siguen siendo críticas hacia el sistema judicial, la mayoría considera que es necesario establecer y mejorar los vínculos con la policía. Las colaboraciones y alianzas con la policía bajo el pretexto de promover las luchas feministas hacen vulnerables a las personas sobrevivientes que se hallan en la intersección de la violencia estatal y de género. Debemos reconocer cómo la complicidad entre las organizaciones de mujeres y la policía amplía esta maquinaria carcelaria en nombre de la lucha contra la violencia de género.

Mientras nuestros gobiernos siguen aumentando los presupuestos policiales, existen pocos recursos para apoyar a las personas sobrevivientes de violencia de género fuera del sistema judicial. Más inversión en la policía significa menos recursos para atender las necesidades de las personas que viven la violencia de género. ¿Cuáles son esas necesidades? La mayoría de las personas sobrevivientes expresan la necesidad de tener acceso a una vivienda segura, ayuda económica, programas de justicia alternativa (restaurativa y transformadora), servicios de salud accesibles (incluyendo salud mental), servicio de cuidado/guardería para sus hijos, regularización de la situación migratoria. Todo lo anterior ayudaría a las personas a prevenir, evitar y escapar de la violencia.

¿Y si creyéramos que es posible transformar la violencia para sanar nuestras comunidades? ¿Nos limitaríamos al manejo policial de la violencia? ¿Utilizaríamos las mismas herramientas y sistemas que reproducen la violencia? ¿Y si invirtiéramos en recursos que ataquen las raíces del problema para prevenirlo? La lucha contra la violencia de género debe llevarse a cabo simultáneamente con la lucha contra todos los sistemas de opresión, incluyendo la supremacía blanca y el colonialismo, que están en la base de nuestras instituciones punitivas.

Referencias

Friedersdorf, Conor (2014). “Police Have a Much Bigger Domestic-Abuse Problem Than the NFL Does”, The Atlantic

https://www.theatlantic.com/national/archive/2014/09/police-officers-who-hit-their-wives-or-girlfriends/380329

Dávila Santiago, Génesis (2024). “Ser policía en Puerto Rico multiplica por cuatro las probabilidades de convertirse en feminicida”, Centro de Periodismo Investigativo: https://periodismoinvestigativo.com/2024/02/ser-policia-en-puerto-rico-multiplica-por-cuatro-las-probabilidades-de-convertirse-en-feminicida/

Hunt, Sarah. 2015. “Representing Colonial Violence: Trafficking, Sex Work, and the Violence of the Law.” Atlantis 37 (2): 25–39.

“Law enforcement’s domestic abuse problem” (2014), en BBC News

https://www.bbc.com/news/blogs-echochambers-29262598

Kaba, Mariame, and Naomi Murakawa (2021). We Do This ’Til We Free Us: Abolitionist Organizing and Transforming Justice. Edited by Tamara K. Nopper, Haymarket Books.

Kaba, Mariame, et al. (2022). No More Police: A Case for Abolition. New York, The New Press.

Maynard, Robyn (2017). Policing Black Lives: State Violence in Canada from Slavery to the Present. Fernwood Publishing.

Ritchie, Andrea J. (2017). Invisible No More: Police Violence against Black Women and Women of Color. Beacon Press.

Foto: Dickelbers. Tomada de Wikipedia.

Written by

Marlihan López

Activista afrofeminista y organizadora comunitaria que aborda temas como el racismo antinegro, la violencia sexual de género y sus intersecciones. También ha organizado con movimientos como Black Lives Matter-Montreal y Montreal Noir en torno a cuestiones como la brutalidad policiaca. Es vicepresidenta de la Federación de Mujeres de Quebec y coordinadora del Instituto Simone de Beauvoir de la Universidad Concordia. También es miembro cofundadora de la Coalición para la desfinanciar la policía en Montreal.