“Blanco corriendo es atleta, negro corriendo es ladrón”. Reza un “chiste” que escuchamos desde la infancia. Debe causar risa y simpatía, y lo hace. Se reproduce en el tiempo y naturaliza algo tan sórdido como la criminalización de la negritud y, también, la racialización de la pobreza.
El eje delincuencial del “chiste” construye esa imagen del sujeto negro como el más proclive a delinquir, es más, lo sentencia. Y esto se conecta con algo más preocupante, el sistema de justicia, el encargado de capturar a los delincuentes, de procesarlos y condenarlos. Si de antemano este imaginario ha sido producido, ya se sabe qué cuerpos van a señalizar amenaza a los ojos del sistema de justicia.
Pero la génesis de ese “bocadillo humorístico” no se explica desde la concepción de un “rezago cultural”. Simplificando el abordaje del problema, se trivializan también las soluciones frente a algo tan robusto y complejo como el racismo.
La revolución haitiana de 1804 inquietó a toda la élite colonialista blanca, tanto de la metrópoli, como de la isla de Cuba. Los negros del país vecino se habían rebelado contra la dominación esclavizante y conquistaron su libertad e independencia. Sin embargo, el sistema colonialista se seguía alimentando de las personas esclavizadas por lo que tendrían que seguir importándolas. Así es que la necesidad de exacerbar el miedo al negro y de reforzar la esclavitud se hizo inminente para su escarmiento y exclusión.
No fue suficiente con la divulgación de imágenes degradantes de las personas negras, no bastó con la repetición de las escenas más crueles de la revolución haitiana para infundir mensajes de terror y muerte. El temor de las élites blancas a la subversión del orden y al ennegrecimiento de la isla provocaron, durante todo el siglo XIX, la puesta en práctica de políticas de blanqueamiento.
Sin embargo, para la articulación de esas estrategias y para el mantenimiento del orden esclavista, se requería fortalecer y legitimar el diseño de privilegios y opresiones socioeconómicos en base a la raza. Para este propósito se requería de un sustento científico, certificador de los instintos natos homicidas y criminales de los negros como raza inferior y degradada.
Así la antropología, la criminología y la llamada jurisprudencia vendrían a acuñar la naturaleza delincuencial de los negros.
Fue Cesare Lombroso, hacia finales del siglo XIX, quien determinó el ascenso de la antropología criminal. El basamento de sus estudios sobre el hombre criminal estuvo nutrido, precisamente, de las imágenes que recababa de los sistemas penitenciarios y de justicia. La interdependencia entre la antropología criminal y el derecho encuentra su momento álgido en esta etapa.
Y en Cuba, quienes replicaron las teorías racistas lombrosianas y las sedimentaron con total trascendencia fueron, principalmente, Fernando Ortiz (en su primera etapa) e Israel Castellanos, los fundadores de la “antropología afrocubana”.
Para ambos criminólogos también fue imprescindible nutrirse de las imágenes de criminales que les proporcionaba el aparato judicial-penitenciario.
En Los negros brujos Ortiz convierte el “criminal nato” de Lombroso por su propio “delincuente afrocubano” a partir de la caracterización estereotipada que argumenta la criminalización de los negros brujos clasificándolos en “corregibles” e “incorregibles” y, además, proponiendo la tipificación del delito de brujería.
El abogado Ortiz despliega, en ese mismo libro, un ejemplo icónico para la historia antinegra de la recién creada República, me refiero al caso de la niña Zoila y del brujo Bocú. El negro Bocú, junto a otro afrocubano, Víctor Molina, fueron sentenciados a pena de muerte con garrote por el secuestro y asesinato de la niña blanca Zoila con el propósito de hacer brujería para la curación de dos niñas negras.
Era el año 1904. El caso ganó una mediatización sin precedentes. Justo en el momento político y social en el que las personas negras luchaban por la reivindicación de sus derechos y justo cuando se discutía su participación en los debates políticos de la nación. A este hecho le sucedieron otros secuestros y asesinatos de niños blancos, más divulgación en la prensa sobre los horrores de los negros brujos y, claro está, más negrofobia. Por tanto, estamos aquí en presencia de una estrategia política de criminalización de las vidas negras que tiene como fin impedir el ascenso social de las personas negras y su acceso a la condición de ciudadanos.
La venganza no se hizo esperar. La persecución policial, el despojo de objetos rituales, el enjuiciamiento de negros y el saqueo de templos, fueron procedimientos que llegaron a ser comunes. El Museo de Antropología de la Universidad Nacional se colmó de los altares, ajuares, ngangas y artículos religiosos afrocubanos decomisados. También allí fue a parar el cráneo del negro Bocú.
Mientras se fortalecía la relación simbiótica entre la policía, quien daba cumplimiento a los deseos científicos de Fernando Ortiz por decomisar objetos rituales y apresar negros para el desarrollo de las investigaciones, y los antropólogos, quienes diseñaban la tipología criminal asentada en la raza y reforzaban el ideario del negro criminal, se fundaba en 1908 el Partido de los Independientes de Color y se masacraba a sus miembros y a miles de personas negras en 1912. El cadáver de Evaristo Estenoz, uno de los líderes de ese Partido, fue exhibido en la prensa como mismo hicieron con los cuerpos yertos de Bocú y Víctor Molina.
Dos años después la figura de Israel Castellanos cobra ascenso dentro de la antropología física y criminal, por lo tanto, también en el aparato judicial. Con sus estudios se profundizó aún más en la percepción del negro como criminal y en la inferioridad racial de los africanos y afrodescendientes. Los labios gruesos, las grandes mandíbulas, la forma del cráneo y de la frente eran índices de criminalidad. También lo eran las conductas asociadas a los bailes, a los carnavales, las jergas, la brujería, llevar tatuajes, barba o determinados pañuelos. Castellanos llegó a pedir la pena de muerte a los afrocubanos “salvajes” en su ensayo “La mandíbula criminal” de 1914. Nótese cómo el racismo apela a la animalización para sustentarse. En este ejercicio, personas negras quedan relegadas a la condición de “menos humanos”.
De esta manera, el vínculo entre negritud y delito se solidificó en función de las fuerzas policiales y de los juzgados. Bajo el imperativo de fundar una nueva nación civilizada se criminalizó una raza que, además, era marginada económica y socialmente. Así los marginales y los delincuentes terminaron siendo los negros. Y al nacimiento de una república nueva le tenía que acompañar un sistema jurídico que construyera “la delincuencia” y que respaldara la dominación política, económica y cultural que también se erigía.
De hecho, Ortiz y Castellanos fueron los encargados de elaborar el Código Penal. En particular, Castellanos dirigió el Gabinete Nacional de Identificación a partir de 1921, la Junta Nacional Penitenciaria en 1928 y el laboratorio central de antropología. Allí trabajaron, y allí sembraron sus nociones acerca del hombre (negro) criminal.
Aunque a partir de 1920 un grupo de antropólogos, entre ellos Fernando Ortiz, comenzaron a considerar la cultura afrocubana como un valor adicional a la cultura de la nación de manera general, la percepción de los cuerpos negros como delincuentes frente al sistema policial, jurídico y penal ya se encontraba en franca trascendencia hasta nuestros días.
Ciertamente la revolución cubana desterró sólidas instituciones racistas en el país, no obstante, las narrativas sobre el mestizaje o el “ajiaco cubano” que pretenden homogeneizar los cuerpos y ocluir algo tan profundo como el racismo, ponen en peligro el camino transitado. El afán por la integridad nacional sobre este discurso de igualdad triunfante invisibiliza las dinámicas que reproducen la criminalización de la negritud y de la pobreza en la actualidad y, en la misma medida, desplaza la posibilidad de articular programas políticos que la amedrenten hasta su total eliminación.
En situaciones de crisis o de amenaza nacional, mantener el orden y el disciplinamiento de los cuerpos se vuelve el objetivo primero de un país. Paralelamente, se exacerban fenómenos como el racismo y, en consecuencia, la negrofobia. Las viejas marcas de la historia vuelven a tomar el protagonismo en el espacio público, ese que no se ocupó con sólidas e incesantes políticas antirracistas.
Si desde antes de la emergencia sanitaria por la Covid se ha venido cuestionando acerca de la racialidad de la población carcelaria en Cuba, del control policial de las personas negras en el espacio público mediante el requerimiento de la documentación identitaria, de la matrícula preponderantemente racializada en las escuelas conductas y de las condiciones de marginalidad de los afrocubanos, ¿cuál es el comportamiento actual? De todas las capturas delincuenciales mediatizadas, ¿cuántas personas negras hemos visto? Del total de sancionados por la pandemia, ¿cuántos son negros y mestizos? ¿Sobre quiénes está repercutiendo el exceso policial? ¿Cómo podemos interpretar la muerte dada por un policía con su arma de fuego al joven negro cubano Hansel Ernesto Hernández Galiano en una barriada de Guanabacoa? ¿Alguien se imagina estos tópicos sobre cuerpos blancos?
El racismo estructural no está superado; en todo caso, está disimulado como la nueva era de racismo agazapado en la que estamos viviendo. Y si me equivoco, ¿dónde están las estadísticas y los hechos que muestren lo contrario? ¿Cuáles son los programas políticos antirracistas consistentes, multidimensionales e integrales que se están aplicando tanto para la sociedad en general, como para el propio estado y sus instituciones?
Sin estas premisas, ¿cómo podemos asegurar que una problemática tan compleja como el racismo, sedimentada durante siglos, no solo en la sociedad sino en el aparato jurídico-policial, ya está resuelta?
Quiero confiar y convencerme de que la muerte de este joven negro cubano el pasado 24 de junio no tiene un trasfondo racial.
El comunicado oficial, que explica la muerte de Hansel Ernesto, reproduce cierta noción del “criminal incorregible” de Ortiz mediante el señalamiento de los antecedentes penales de la víctima, como si su vida valiera menos, como si la muerte estuviera más justificada. También refiere a un “enfrentamiento” de piedras que provocaron lesiones en el policía contra disparos que provocaron la muerte del joven. Todavía se espera que comuniquen el debido proceso judicial que tendrá que enfrentar el policía, hasta el día de hoy, anónimo.
Ese pudiera ser un gesto coherente con la confirmación de que en las instituciones cubanas no caben la impunidad ni el racismo. Sobre todo cuando, según la nota oficial, a un joven negro ladrón se le dio un disparo por la espalda mientras corría.
Fuentes:
Los negros brujos, Fernando Ortiz
El delito, la criminología y el derecho penal en Cuba después de 1959, Ramón de la Cruz Ochoa
Los negros en la Cuba colonial: un grupo forzado a la marginalidad social que sufren desprecio, prejuicio y discriminación, Ismael Sarmiento Ramírez
El retrato de los «negros brujos». Los archivos visuales de la antropología afrocubana (1900-1920), Jorge Pavez Ojeda
De la esclavitud a la criminalización de un grupo: la población de color en Cuba, Consuelo Naranjo Orovio
Tomado de Lo personal es político.
Foto: Ketut Subiyanto
